Agresión neonazi en Arganzuela

El sábado hacia las 22:00 de la noche dos jóvenes, un chico y una chica de alrededor de 20 años, volvían a su casa tranquilamente cuando al pasar por el Paseo Delicias, a la altura del metro, se cruzaron con un neonazi que sin mediar palabra se abalanzó sobre ellos agrediéndoles con puñetazos y provocándoles varias contusiones. Los jóvenes lograron deshacerse del agresor, que ya ha sido identificado por agentes sociales del distrito, evitando que el hecho fuera a mayores.

Esta nueva agresión se suma a otras que han tenido lugar en el distrito de Arganzuela en los últimos meses contra jóvenes de izquierdas o simplemente por su color de piel. Es curioso que cuanto más se autoorganizan los barrios, más aparecen elementos neonazis para intervenir con impunidad. Es lo que ocurre en Arganzuela, donde tras el desalojo y demolición por sorpresa del CSO La Traba el verano del año pasado el movimiento popular, juvenil y vecinal, ha crecido notablemente en el distrito.

En la foto, a la izquierda, de observa la ceja hinchada de uno de los jóvenes y, a la derecha, el mentón hinchado y morado de su acompañante.

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Desmontando a Ciudadanos

Interesante vídeo que circula por las redes sociales sobre este “nuevo” partido llamado Ciudadanos. 

Sevilla: La Fiscalía pide multas y cárcel para 10 jóvenes por “tratar de impedir el normal desarrollo” de una manifestación fascista

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado multas y penas de hasta un año y medio de cárcel para diez acusados en relación a los incidentes ocurridos el 26 de octubre de 2013 en las calles del centro de la ciudad, cuando cientos de antifascistas protestaban y se oponían activamente al desarrollo de una marcha fascista autorizada por la Delegación del Gobierno de Rajoy.

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Los antifascistas se reunieron aquel día, de forma espontánea y pacífica, tras la convocatoria realizada por la Coordinadora Antifascista de Sevilla, Unidad Contra el Fascismo y el Racismo, así como diversos colectivos sociales y estudiantiles. Todos ellos pedían mostrar la repulsa y oposición de la ciudadanía a la celebración de una manifestación de exaltación fascista en las calles de Sevilla, organizada por Respuesta Estudiantil, colectivo de ultra derecha, y autorizada por las “democráticas” autoridades.

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Los antifascistas intentaron en diversas ocasiones, efectivamente, “impedir el normal desarrollo” de la autorizada marcha fascista, como lo haría cualquier demócrata coherente, creando barreras humanas, a lo que la policía, atendiendo evidentemente a las órdenes políticas recibidas de la Subdelegación, respondieron cargando contra los demócratas, disolviendo dichas barreras para permitir y proteger el libre tránsito de los fascistas.

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La versión oficial del auto de la Fiscalía

En su escrito de acusación, según recogen varios medios haciéndose eco de informaciones de Europa Press, el Ministerio Público pide para todos los acusados, el pago de una multa de 720 euros por un delito de desórdenes públicos, mientras que para uno de los imputados también solicita un año y medio de cárcel por un delito de atentado y el pago de 360 euros por una falta de lesiones.

La Fiscalía reconoce que los hechos por la celebración de una manifestación organizada por la asociación Respuesta Estudiantil, “ligada a grupos de extrema derecha”. Afirma que grupos de ideología contraria, en concreto la Coordinadora antifascista de Sevilla y la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo, tuvieron conocimiento de tal concentración, por lo que, “con la finalidad de boicotear la misma y tratar de impedir el normal desarrollo de la manifestación autorizada, planificaron una contramanifestación el mismo día por igual zona y sin autorización” de la Subdelegación del Gobierno.

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Tras reseñar que los acusados formaban parte de esta “contramanifestación’, la Fiscalía relata que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de lo anterior y, a fin de “evitar altercados”, establecieron un dispositivo policial “que intentó en todo momento que los contramanifestantes no alcanzaran a los integrantes de Respuesta estudiantil’”.

En un momento dado, y mientras la manifestación discurría por Puerta de Jerez en dirección hacia la avenida de la Constitución, los grupos antifascistas “corrieron” por las calles aledañas “con el fin de dar alcance” al colectivo de extrema derecha, siendo necesario que los agentes “se emplearan con contundencia para evitar tal encuentro”.

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Los acusados respondieron a los agentes con el lanzamiento de todo tipo de objetos, y uno de ellos incluso lanzó una piedra a uno de los policías, por lo que fue detenido, no sin que el imputado “se resistiera intensamente”, llegando a acometer contra uno de los policías, que sufrió policontusiones. Pedimos encarecidamente al Ministerio del Interior que modifique las protecciones reglamentarias de los antidisturbios, las cuales han demostrado su inutilidad y la indefensión que provocan ante una “acometida” sin protecciones ni “armamento disuasorio”.

“Persistiendo en su propósito y con la finalidad de que la manifestación no terminara su recorrido”, continúa el relato del fiscal, “el grupo contrario procedió a formar una cadena humana en mitad de la avenida de la Constitución”, y añade que, entre las personas “que formaban parte de la primera línea de bloqueo”, se encontraban hasta ocho de los imputados.

De este modo, y “pese a los reiterados requerimientos por parte de los agentes para que depusieran su actitud”, los acusados “persistieron en su intención de interrumpir el discurrir de la marcha, desafiando el cordón policial al tiempo que alentaban al resto del grupo para que se mantuvieran franqueando a los funcionarios al grito de no pasarán, nazis, no, Sevilla será la tumba del fascismo, y otras proclamas similares”. Tremendo desafío.

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Esto determinó, según el auto de la Fiscalía, el que se produjera una carga policial “para garantizar la dispersión, produciéndose huidas y persecuciones por las calles contiguas”, pone de manifiesto el fiscal, que asevera que, “lejos de deponer su comportamiento, la contramanifestación se reagrupó, volviendo a intentar alcanzar a ‘Respuesta estudiantil’, quienes con gran dificultad finalizaron su recorrido necesitando de constante protección por un ingente número de policías que les servían de parapeto frente a los lanzamientos de objetos por parte del grupo de los inculpados”. Sobran las palabras. La propia Fiscalía describe el lamentable papel desempeñado por la policía ese día, protegiendo a los fascistas y persiguiendo a los demócratas, por órden de las autoridades del PP.

Según afirma la Fiscalía, “fue tal la tensión generada por estos hechos que los comerciantes de la zona cerraron sus negocios a medida que avanzaba la concentración”, no obstante lo cual “no se pudieron evitar la rotura de escaparates y desperfectos en el mobiliario de los veladores de los bares aledaños”. Curiosamente, el mismo auto reconoce a continuación que no consta que los perjuicios referidos hayan sido denunciados por los comerciantes ni hayan reclamado estos por ello. ¿Será acaso que estaban en contubernio con los antifascistas?, ¿serán peligrosos comerciantes radicales?… Ahí lo dejamos como sugerencia para una posible ampliación de la sesuda investigación policial.

Las detenciones fueron calificadas por un colectivo de abogados como desproporcionadas e injustificables

El Grupo 17 de Marzo – Sociedad Andaluza de Juristas, consideró en un comunicado emitido al día siguiente de producirse las detenciones, como “desproporcionada” las detenciones por parte de la Policía Nacional, y anunció que presentaría “las oportunas quejas” por estas detenciones tanto en la Fiscalía de Sevilla como ante el Defensor del Pueblo Andaluz, considerando que “la detención no debe convertirse en una práctica sistemática y rutinaria ante cualquier situación presuntamente delictiva”, pues para que esta se produzca “debe de tratarse de un caso de entidad suficiente como para enervar el principio constitucional del derecho a la libertad aunque sea provisionalmente, como en este caso, una detención policial”.

En el presente caso, añadían, “era innecesaria” la detención practicada contra estos “estudiantes”, ya que los presuntos hechos delictivos “ocurrieron hace un mes y estaban perfectamente localizados”. “Tan localizados estaban que algunos fueron detenidos en casa de sus padres o incluso camino a la facultad”, precisaban. Hay que aclarar, en este sentido, que a excepción de una de ellas, todas las detenciones, como indica el comunicado, se produjeron un mes después de producidos los hechos y en los domicilios de los acusados, lo cual, por sí mismo, contradice las versión oficial y las acusaciones a los inculpados de la fiscalía y la policía anteriormente expuestas.

A juicio del colectivo, “deberían haber sido citados por la propia Policía o bien por el Juzgado mediante el conducto ordinario para la toma de declaración en calidad de imputados”, punto en el que insisten en calificar dichas detenciones de medida “desproporcionada e injustificable, sin finalidad cautelar alguna y contraviniendo los criterios de oportunidad establecidos” por la Fiscalía General del Estado.

“Es de destacar la escasa peligrosidad de personas que carecen de antecedentes penales o policiales, por lo que pudieron haber sido citados personal y voluntariamente a comparecer en el juzgado o en dependencias policiales y evitar el lamentable espectáculo ocurrido a la vista de vecinos, padres y compañeros de estudios”, asevera.

Por todo ello, reclamó el colectivo la dimisión de Panadero, ya que las detenciones ordenadas “se han producido para tapar el enorme error político que supuso autorizar una manifestación con tintes racistas por el centro histórico de Sevilla, y en base a las críticas que ha sufrido desde comerciantes, vecinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos”.

Los acusados niegan los hechos y reafirman la detención posterior

Por su parte, los acusados denunciaron que la mayoría de los arrestados ni siquiera habían sido identificados en la protesta. Según Luis de los Santos, uno de los abogados del Grupo 17 de Marzo, que se ha encargado de la defensa de los activistas, “Hay personas que no tienen ni antecedentes policiales ni antecedentes penales, con lo cual creemos que se vuelve a repetir otra vez las llamadas listas negras que maneja la Subdelegación a través de la Brigada de Información de la Policía Nacional.

Parece que la única prueba tangible que se aporta, más allá de las afirmaciones policiales,  es una foto de la cabecera de la contramanifestación antifascista aparecida al día siguiente en la portada del diario ABC. En ella aparece uno de los detenidos, el cual asegura que “no me identificaron, ni tampoco previamente; me reconocieron por la foto, porque ya soy conocido y mi foto y mi nombre lo tienen en todos lados”.

A este joven lo detuvieron a las diez de la mañana, cuando, según cuenta, “dos hombres llamaron a mi casa sin decir quiénes eran”. Su hermano se asomó a la mirilla y no vio nada. Él tuvo que salir a sacar el perro. Dio una vuelta al mercado de la calle Feria, donde reside, y volvió. “Cuando me iba para arriba vi a dos personas que me estaban siguiendo, entonces eché a correr y a la media hora volví y al meter la llave para entrar al portar ya me dijeron que eran policías y me dijeron que estaba detenido”.

Otro de los acusados, afirma que la Policía tampoco le había pedido su documentación en aquel 26 de octubre. “Me imagino que dieron conmigo por vídeos, fotos o algo parecido”. Los agentes lo interceptaron cuando se dirigía a clase pasadas las siete y media de la mañana. “Es raro porque ocurrió nada más salir con la bici, está claro que sabían que iba a salir a esa hora por lo que sea, vete a saber”, explica.

Después de pasar toda la mañana en la comisaría de Blas Infante, los jóvenes antifascistas fueron trasladados a las dependencias judiciales del Prado a las cinco y media de la tarde. Según ambos, las declaraciones ante la jueza se desarrollaron de manera rápida y concisa. A las puertas de los juzgados de la ciudad se concentraron más de un centenar de estudiantes que permanecieron en el lugar hasta la salida de los detenidos como muestra de apoyo a estos.

Luis de los Santos no dudó entonces de que existiese “una presión por parte de elementos de la derecha y ultraderecha de esta ciudad” para que se produzcan estos arrestos. De hecho, indica, “la propia subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, ya que apoyó la manifestación de la ultraderecha y criminalizó a las personas que se manifestaban en contra de las ideas de Respuesta Estudiantil, no contra la manifestación”.

Estamos, por lo tanto, ante la evidencia de un nuevo juicio político instigado por el gobierno de Rajoy, de quien dependen orgánicamente las fiscalías, con el que se pretende criminalizar la lucha antifascista, así como amedrentar a la población para lograr desmovilizarla, realizando escarmientos de carácter preventivo entre sus sectores más activos y comprometidos. La misma que se persigue como en el caso de la conocida como Ley Mordaza.

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CONTRA SU REPRESIÓN NUESTRA SOLIDARIDAD! ABSOLUCION COMPAÑER@S ANTIFASCISTAS DE SEVILLA!

DESALOJO APLAZADO O PUBLICIDAD PARA NEONAZIS

Tal y como lo harían en el fondo sur del Santiago Bernabéu, de esa manera han celebrado los neonazis del Hogar Social Ramiro Ledesma de Madrid, su pequeña victoria, ante la opinión pública. La artimaña que ha desatado el tifo: el supuesto intento de suicidio por parte de una joven desde la azotea del edificio.

El aplazamiento del desalojo ha sido convenido por las fuerzas de orden público, la comisión judicial y la inmobiliaria Domo, propietaria del edificio, por la tensión generada tras la amenaza de la joven de lanzarse al vacío. Mientras, una treintena de nazis formaban un cordón de seguridad, muy del estilo Casa Pound, a las puertas del edificio. Todo, ante las cámaras de televisión, que en este caso, si están permitidas. Muy efectista todo. Muy mediático.

Buen marketing el organizado hoy en Madrid, para quienes creen ser una ONG sin haber dejado de ser una pandilla de nazis de grada futbolera. Son muchas las diferencias con desalojos y operaciones contra otros proyectos o colectivos. Traten ustedes de grabar un desahucio cualquiera con carné de prensa, y verán lo lejos que se coloca el cordón policial. Traten ustedes de realizar un cordón de seguridad alrededor de un desahucio y verán como son desalojados, con o sin violencia, pero sin dudar.

Existen detalles, cuando menos extraños, alrededor de estas ocupaciones neonazis. En primer lugar, la filtración de la fecha del desalojo y la hora de realización del mismo ha permitido no solo la grabación y seguimiento de medios de comunicación, si no la emisión en directo y la creación de una especie de photocall en el que los medios se colocaban justo en frente de la puerta del Hogar Social, ante la permisividad de la policía.

En segundo lugar, la organización de un reparto de comida en la misma puerta del Hogar Social, desde primera hora de la mañana, sin que la policía les haya advertido que podría interrumpir la llegada de la comisión judicial, o el mismo desalojo que debía haberse producido.

Según ha indicado el abogado de los neonazis, Santiago Menéndez, en declaraciones a la agencia EFE, los actuales propietarios de este antiguo edifico del Estado, que creen que fue comprado por una promotora, y no les han notificado ningún requerimiento de desalojo.

Un requerimiento que si fue ordenado por el juzgado, y publicitado por los nazis, pero que no se ha llevado a cabo por motivos de seguridad. De nuevo publicidad para un movimiento, el “fascismo del tercer milenio”, que se afianza poco a poco, con la permisividad institucional, sin que partidos políticos, gobiernos, ayuntamientos, ni delegaciones del gobierno actúen con la contundencia que se hace en otras situaciones.

Recordemos de qué forma se produjeron los recientes desalojos de centros sociales como Can Vies o La Traba, en Barcelona y Madrid respectivamente. Desalojos con excavadora incluida para iniciar su derribo. Además  la manera de desalojar otras propuestas de ocupación como vivienda como Corrala Utopía. Desalojos realizados siempre con contundencia.

Además, este movimiento neonazi, cuenta con el asesoramiento necesario para ocupar edificios de difícil desalojo, como ya lo fue el edificio en Tetuán, propiedad del entorno de Gao Ping, o el Hogar Social de Zaragoza, propiedad de una empresa en concurso de acreedores. Situaciones que dificultaron la llegada de la denuncia por ocupación ilegal en ambos casos.

Una publicidad bienvenida por los neonazis que desde hace casi un año mantienen una ocupación en Zaragoza y desde hace meses en Madrid. Una táctica de lavado de cara para la obtención de apoyos que se basa en la formación de organizaciones que ofrecen servicios solo a españoles, con un claro componente racista y xenófobo. Organizaciones de las que forman parte neonazis reconocidos y condenados.

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