Manifestación contra la Ley Mordaza (Granada)

A las 00:00 horas del próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.

Lo hacen en nombre de la seguridad ciudadana, pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios. Emanan de su incapacidad para vivir con alegría el despertar de la gente, la toma de calles, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacio de reflexión colectiva. No entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana sino para convertir en ley su temor, el miedo que les despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden atacando.

En los últimos meses, su aprobación ha despertado la preocupación y el rechazo de una amplia mayoría social, lo que ha supuesto que organismos nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa las critiquen duramente. El último ha sido el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo somos las personas que defendemos diariamente el derecho a la vivienda, las que creemos en el derecho a la información libre, las que tomamos la calle reclamando educación pública y sanidad universal, las que no tenemos papeles, las que sufrimos las consecuencias de un empleo precario o quienes simplemente vemos en el deseo de democracia y la organización espontánea de la gente un motivo de celebración, las que tenemos el verdadero poder de cambiar las cosas. Por ello, una vez agotadas todas las vías posibles, solo nos queda una alternativa: la de no consentir, la de no refrendar sus leyes con nuestro silencio.

Así, a falta de pocos días para su entrada en vigor, nos posicionamos desobedeciendo activamente a estas leyes injustas y te animamos a sumarte, a difundir entre tus círculos y redes, a mostrar tu rechazo y a manifestar sin temor que estas leyes también te afectan.

Contigo es posible.

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La madre de Alfon denuncia torturas y vulneración de derechos en prisión

La madre de Alfonso Fernández, Elena Ortega, ha denunciado esta tarde que su hijo ha sufrido torturas durante su detención y que le están siendo vulnerados sus derechos durante su estancia en la cárcel de Soto del Real, donde permanece en régimen FIES. El joven, conocido como Alfon, ha sido condenado a cuatro años de prisión por tenencia de explosivos. Sin embargo, la defensa y la familia denuncia que la única prueba presentada contra él fueron los testimonios de los agentes de policía que efectuaron la detención.

En estos momentos, Ortega ha querido llamar la atención sobre el trato que está recibiendo su hijo. “En vez de llevárselo la policía judicial fue la brigada, y en vez de a prisión se lo llevaron a los calabozos”, ha explicado. “E hicieron lo que hacen siempre en Moratalaz. En este país se tortura, y ahí se le volvió a torturar”, ha añadido. A preguntas de los periodistas, ha detallado que, tras la acción del muro humano, “se lo llevan en el coche con los agentes bastante cabreados, que le fueron dando codazos, empujones, tortazos, y luego en comisaría le apretaron los grilletes hasta que sintió que la sangre no le corría, una práctica habitual”. “Y entonces, cogiéndole de los grilletes le arrastraron hasta los calabozos”, ha concluído.

Posteriormente, ya en prisión, se le ha catalogado como preso de alta peligrosidad y se le ha recluido en régimen FIES, de aislamiento. “Desde entonces no hemos podido hablar con él por teléfono, no hemos podido darle su paquete de ropa ni hacerle llegar cartas. Se están vulnerando los derechos del preso”, ha asegurado. Ortega ha lamentado la situación de su hijo pero se ha acordado también de la de “los presos, que la mayoría son pobres”, o la de los inmigrantes, “que no tienen tanta gente detrás ni tanta capacidad de hacer reclamaciones”. “Si con Alfon están haciendo lo que están haciendo, qué no harán con esa criatura que no tiene a nadie”, ha agregado. “Dentro de las prisiones hay una oscuridad total”, ha denunciado.

En cuanto a las acciones que va a tomar la defensa, Ortega ha informado de que el abogado, Erlantz Ibarrondo, está preparando un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. “Pero no tiene la sentencia escrita todavía”, ha incidido. Pese a que no ha sabido precisar más los detalles de los próximos pasos judiciales, la madre de Alfon ha afirmado que van a “agotar todas las vías de recurso” y ha pedido a los periodistas que “estén pendientes” del trato que se está dando a su hijo. No se plantea pedir un indulto, porque “eso sería afirmar que Alfon tenía una bolsa con explosivos, cuando no la tenía”, ha sostenido, visiblemente emocionada.

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Agresión neonazi a una menor en las cercanías del Hogar Social Madrid

Miércoles, 17 de junio de 2015 a las 20.00h

Parque de Canal. Metro: Canal

Convoca: Coordinadora Antifascista de Madrid

Una joven de 17 años ha sido brutalmente atacada por la espalda a manos de 3 neonazis en las cercanías del Hogar Social Madrid. Los hechos sucedieron el pasado 12 de junio alrededor de las 15h en una de las calles aledañas a este edificio situado en Chamberí, cuando esta vecina del barrio se dirigía hacia un parque en el que se había dado cita con unos/as amigas. Aprovechando que esta calle es muy poco transitada, la persiguieron hasta que uno de los neonazis agarró del cuello por la espalda a la menor mientras no paraban de reírse. Tras espetarle numerosos comentarios tales como “¡guarra, no te queremos volver a ver por aquí!”, este mismo neonazi sacó un cúter y le asestó un corte en la cara. Tras esta primera embestida, los atacantes siguieron riéndose y procedieron a marcarle un 88 en el brazo con la misma arma antes de huir corriendo para no ser identificados.

Esta nueva agresión en las cercanías del Hogar Social Madrid no hace más que certificar la cobardía, el machismo y la inhumanidad con la que actúa el neonazismo y el fascismo en las calles. A esto debemos añadir la impunidad de la que disfrutan por parte del Estado español y de sus cuerpos de represión, que no solo les tolera estas agresiones, sino que también les financia y facilita su llegada a las instituciones públicas, como es el caso de España 2000 que goza de un concejal en el ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Desde la Coordinadora Antifascista de Madrid manifestamos todo nuestro apoyo hacia la joven agredida y le deseamos una pronta recuperación. De igual forma, aprovechamos para hacer un llamamiento a acudir a la movilización en repulsa a las agresiones fascistas y neonazis el próximo 17 de junio desde las 20.00h en el Parque de Canal. Debemos unificar nuestras fuerzas para organizar una respuesta férrea ante este tipo de ataques perpetrados por la extrema-derecha, y no dejar avanzar su discurso de odio y violencia. No permitiremos que estas ideologías genocidas continúen atentando contra la clase obrera con total impunidad.

¡Ninguna agresión sin respuesta!

¡Fuera nazis de Chamberí!

Nuestra máxima solidaridad con la compañera agredida, de Granada a Madrid, FUERA FASCISTAS DE NUESTROS BARRIOS

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El Gobierno afirma que los crímenes del franquismo no pueden ser llamados genocidio

Al menos,132.202 ciudadanos, que defendieron la legalidad y la democracia de la II República, fueron asesinados durante la Guerra Civil. Otros 200.000 ciudadanos, que el régimen fascista consideró como republicanos, murieron en las cárceles y campos de concentración de la España franquista. Y en las cunetas de cualquier carretera secundaria del país hay enterrados cerca de114.000 desaparecidos. De hecho, las Administraciones Públicas tienen constancia de 1.204 fosas comunes sin abrir. A estas cifras hay que añadir el aterrador balance represor de la dictadura que desde 1939 hasta 1978 manejó cualquier espacio de poder del Estado español.

Sin embargo, el Gobierno español afirma que estos hechos “difícilmente podrían encajarse en la figura de ‘genocidio’ que exige ‘la eliminación, de forma total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Así lo ha asegurado en una respuesta parlamentario al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, que preguntaba al Ejecutivo por los motivos por los que el Gobierno denegó la extradición a Argentinade los 17 responsables de la dictadura franquista que fueron reclamados por la Justicia del país sudamericano en aras de la Justicia Universal, y entre los que se encontraban, los exministrosMartín VillaJosé Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.

El Ejecutivo alega también que la Audiencia negó la calificación de dichos delitos como de “lesa humanidad” cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores

De esta manera, el Ejecutivo alega también que laAudiencia Nacional negó la calificación de dichos delitos como de “lesa humanidad”cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores de la dictadura franquista, entre ellos se encuentra ‘Billy el niño’, por considerar que los delitos no formaban parte de un “ataque sistemático y organizado a un grupo de población”.

“De probarse que los ciudadanos españoles encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito. El principio de la extinción de la responsabilidad penal es otro de los principios básicos de nuestro derecho que no cabe soslayar”, señala el escrito del Gobierno al que ha tenido acceso este diario.
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Imposibles de juzgar

La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar. Ni en España, ni en ningún lugar del mundo.

En primer lugar, porque “el ordenamiento jurídico español establece que corresponde a España, y no a un tercer país, la competencia de juzgar los delitos cometidos por españoles en territorio español”. “Se trata del principio de jurisdicción preferente“, acota el escrito que prosigue afirmando que, en este caso, no es aplicable el llamado “principio de jurisdicción universal”.

La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar.

En segundo lugar, porque estos crímenes están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, “instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles”. Y en tercer lugar porque, aún en el hipotético caso de que el Estado derogara la Ley de Amnistía, las exigencias “del principio de legalidad” no permitirían que fueran juzgadas de manera retroactiva “sucesos ocurridos bajo el ámbito objetivo de la aplicación de la Ley de Admnistía”.

Asimismo, el Gobierno insiste en que en este hipotético caso ya mencionado, los delitos de la dictadura estarían prescritos y señala que también habría que tener en cuenta la concurrencia de otras circunstancias como “la extinción de la acción por fallecimiento”.

La ONU, en contra

Los argumentos del Gobierno, por tanto, se basan en los principios de prescripción y de extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, expertos de la ONU en Derechos Humanos ya han advertido reiteradamente al Gobierno que estos argumentos
“carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos”.

Grupo de expertos de la ONU señaló que estos argumentos del Gobierno “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos”

“El Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos”, señalaron, al insistir en que “la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad”, señalaron cuatro expertos de la ONU en Derechos Humanos tras la negativa de España a extraditar a Argentina a responsables de la dictadura argentina.

No a la Comisión de la Verdad 

El Gobierno también rechaza de plano en el escrito la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad, que investigue lo sucedido durante la Guerra Civil y la dictadura y establezca una relato riguroso de los hechos. En este sentido, el Ejecutivo considera que “crear comisiones o grupos de averiguación que tiendan a investigar conductas delictivas”, no resultarían “en modo alguno adecuadas a nuestro sistema constitucional”. Sobre todo, cuando los hechos a investigar por la Comisión de la Verdad se hallarían bajo “el ámbito de la aplicación de la Ley de Amnistía”.